Entre la ofensiva de la gentrificación y la resistencia de la economía popular, el corazón de Bogotá se juega su identidad en un año definitivo para el arraigo comunitario.
Por : Tito Gómez - Edil de La Candelaria*
Especial para la Mesa de Medios de La Candelaria
La encrucijada del arraigo: El derecho a no ser expulsados
Al iniciar el 2026, La Candelaria no solo enfrenta el desgaste físico de sus muros de adobe y tapia pisada; enfrenta una fractura social que amenaza con vaciarla de su alma. Hoy la gentrificación ha dejado de ser una palabra de libros para convertirse en un puñetazo cotidiano: es el fenómeno donde un barrio "se pone bonito" para el mercado, pero se vuelve impagable para quienes lo construyeron.
En barrios como Egipto, Belén y La Concordia, el aumento del valor del suelo y la presión de las residencias universitarias de lujo han puesto a las familias tradicionales contra la pared. El reto para este año es el control de rentas; es decir, ponerle un techo legal a los arriendos para que no suban por el ascensor mientras los salarios de los vecinos van por la escalera. No basta con pintar fachadas si quienes viven tras ellas son desplazados. La solución es clara: la expropiación de predios abandonados para transformarlos en vivienda social autogestionada, garantizando que el presupuesto local financie el derecho a la ciudad y no solo eventos para visitantes de paso.
Turismo: ¿Transformación comunitaria o "Disneyficación" depredadora?
El 2026 es el punto de no retorno frente al modelo turístico. Hemos caído en la "Disneyficación": tratar a nuestro barrio como un parque temático donde la historia se reduce a un souvenir y el patrimonio a una foto de Instagram, ignorando la vida real de sus habitantes. Peor aún, sufrimos un turismo depredador que mercantiliza los cuerpos y degrada la convivencia.
La salida es el turismo comunitario. Proyectos como el "Callejón del Embudo" o las huertas de Belén demuestran que es posible una oferta gestionada por los mismos residentes. El reto es lograr que la riqueza se quede en las Juntas de Acción Comunal y no en grandes cadenas hoteleras, respetando la memoria histórica y la dignidad del barrio.
Vendedores informales: El triunfo del Mínimo Vital
Uno de los mayores conflictos ha sido la persecución a la economía popular. Sin embargo, para este 2026, los trabajadores de la calle cuentan con un escudo legal histórico: las sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la T-211 de 2025. Esta norma establece que el Mínimo Vital —el derecho básico a trabajar para comer— está por encima de cualquier plan de "ornato" o estética urbana.
El reto es pasar del garrote al diálogo mediante la Confianza Legítima. Este concepto significa que, si el Estado ha permitido que un vendedor trabaje en un lugar por años, no puede desalojarlo de la noche a la mañana sin ofrecerle una alternativa digna. En La Candelaria, esto implica que cualquier "recuperación" de la Carrera Séptima o el Eje Ambiental debe incluir una reubicación real, en zonas con flujo de gente, y no simplemente esconder la pobreza en centros comerciales vacíos. Además, la ley exige un enfoque diferencial: no se puede tratar igual a una red mafiosa que a una madre cabeza de familia o a un adulto mayor que vende dulces para sobrevivir.
El techo de la historia: Patrimonio para la gente
Irónicamente, que una casa sea declarada "patrimonio" ha sido la ruina de muchos. Mientras los grandes capitales obtienen licencias para centros comerciales, a un vecino de estrato 1 se le prohíbe arreglar una gotera por "normas de conservación".
En 2026, la política debe girar hacia el apoyo directo. Es urgente un fondo local para la restauración de techos y cubiertas. Si el Estado dice que una casa es de interés público, el Estado debe ser el primer responsable de su mantenimiento. Proteger el patrimonio no es solo cuidar la piedra, es cuidar a la persona que ha mantenido esa piedra en pie por décadas.
Seguridad Humana: Más allá de las cámaras y el pie de fuerza
Finalmente, la seguridad sigue siendo el dolor de cabeza, pero el enfoque represivo ha fracasado. El aumento de hurtos no se soluciona solo con más policías. El reto es la consolidación de la Seguridad Humana.
Esto implica atacar la desigualdad de raíz: iluminación comunitaria, centros de cuidado para la juventud y la desarticulación de las mafias que instrumentalizan la necesidad. La verdadera seguridad en La Candelaria nacerá de calles vibrantes, habitadas por vecinos empoderados que no tengan miedo de ocupar su propio territorio.
El ingreso a una conformación política, priorizando la unidad alrededor de un programa que refleja un funcionamiento interno ético en la pluralidad, es una evolución positiva de civilización política
En la institucionalidad construida desde el siglo XIX en nuestro continente, para asegurar los intereses de la clase dominante, se registran variadas experiencias, antiguas y recientes, de resistencia política de las fuerzas y partidos democráticos y revolucionarios. En el aprendizaje, se combinan la lucha en las calles con la acción en los escenarios gubernamentales.
Y, es en ese terreno, que la experiencia del Pacto Histórico, de su nacimiento y evolución como coalición de gobierno, hasta su reciente constitución como partido político, dentro un contexto complejo como el colombiano, es una contribución a la democracia y una singular expresión de unidad por la paz y los derechos del pueblo.
Se debe recordar que, desde el final de los años 90 se intensificó en Latinoamérica y el Caribe el enfrentamiento político de clases, es decir, un redireccionamiento de la acción revolucionaria para incidir directamente en los gobiernos, ganarle a la clase dominante en su propio terreno y con sus reglas electorales. Eso significó cambiarle el tono a la democracia, apropiarse de ella, profundizarla, denunciar los límites del voto y la fantasía de que los pueblos, de hecho, elegían sus legítimos representantes.
Las bases de esa condición política están todavía enraizadas en la resistencia antineoliberal y en jornadas populares de rebelión. Los frentes electorales, amplios y plurales, vinculando actores con experiencias comunitarias propositivas, con visión de lucha callejera y campesina, obtuvieron victorias que generaron políticas redistributivas y beneficios directos para los trabajadores en Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. En otros casos, el desgaste de la clase dominante y el potencial revolucionario permitió, como en Venezuela, generar las bases de la V República.
Sin embargo, los “gobiernos progresistas” sufrieron la contraofensiva imperialista. En algunos países surgió una derecha aparentemente nueva, mezcla de la mayor concentración del dominio corporativo -financiero con los trazos fascistas y el conservadorismo social.
Brasil, Bolivia, El Salvador y Perú, con sus peculiaridades, instalaron regímenes políticos de “democracias de excepción”, que ni son democráticos ni necesariamente excepcionales. La derecha busca un modelo civil-militar donde la clase dominante genere grados de indeterminación jurídica, que prescinda de la institucionalidad liberal, en la cual no creen, y concentre el poder financiero y su capacidad de acuerdos con el imperio.
Se trata de una novedad aparente. Este modelo de ejercicio del poder, de democracia restringida, donde los poderes militares y civiles se sobreponen, ha sido predominante en Colombia. En nuestro país, la violencia desatada por el Estado, desde comienzos del siglo XX, fue impulsada por una fisonomía bipartidista, amparada en las fuerzas armadas.
A lo largo del tiempo, en nuestra democracia de excepción, las campañas políticas, como expresaba Álvaro Vázquez del Real, se caracterizan por la ausencia de garantías para la izquierda, de maniobras para defender los intereses de la gran oligarquía nacional y la falta de discusiones programáticas. La voluntad popular era deformada por la manipulación del voto y de las campañas electorales El Estado débil, pasó a ser rehén de formas de poder subterráneas y mafias sofisticadas.
El difícil equilibrio de ser bueno, es un verso del poeta colombiano José Vicente Casadiego León. Desde que lo leí, hace ya veinte años o más, se me quedó en la memoria, es una frase en apariencia contradictoria. No es lógico pensar que siendo buenos nos cueste trabajo serlo.
El desarrollo de la infancia a la adultez consiste básicamente en eso: en depurar los anti valores provenientes del impulso animal. A los niños hay que enseñarles a compartir, porque el egoísmo ya lo traen. El egoísmo es una respuesta reflejo de la sobrevivencia. Se debe aprender además el respeto a las cosas ajenas y a nuestros semejantes. Esa es la base ética y moral de la especie humana.
Lamentablemente, a muchas personas les cuesta trabajo esa comprensión y, qué paradoja, estos se encuentran precisamente entre quienes mueven la sociedad: el que más tiene menos comparte y, entre ellos hay quienes “tienen” porque no han respetado las cosas ajenas, ni tampoco a sus semejantes. Aprendemos a creer en la llamada “buena fe” y, aun así, nadie se fía de nadie. Eso es común en todas las culturas del mundo, no es una anomalía de la colombianidad, sino de la especie humana.
La mentalidad fascista -que pareciera renacer entre algunos colombianos- igual toma fuerza entre los europeos. El desequilibrio de los valores, históricamente ha connotado la existencia de una “cultura de la vida” y de una “cultura de la muerte” y debemos movernos en medio de esas aguas.
En Colombia, por ejemplo, se habla de una cultura diversa (la cultura de la vida) de plurales maneras y costumbres que aseguran nuestra cohesión social: la gastronomía, la música y el típico lenguaje de las regiones.
Y con igual naturalidad se habla de una “cultura traqueta” (la cultura de la muerte) para referirnos a la música y al lenguaje de una franja social -que no de una región- inmersa en el narcotráfico y el paramilitarismo.
Colombia se ufana de ser un país rico en “cultura de la vida”, pero nos hemos dejado ensombrecer por la “cultura de la muerte” fundada en la tradición política del odio y la venganza. Despropósitos que para llevarse a cabo deben surtirse de mucho dinero y armas. De ahí la envolvente corrupción política y la comunión de sus actores con bandidos y narcotraficantes.
Hay políticos que le apuestan a la “cultura de la vida” y sus proyectos buscan el desarrollo colectivo, izando banderas que promueven la solidaridad, el respeto a las ideas de los otros, el cuidado del planeta y, una y otra vez, la esquiva equidad.
Los psicólogos mucho han hecho para estudiar a los seres humanos y la conclusión generalizada es que somos de espíritu cambiante. De ahí la importancia del equilibrio de ser bueno, porque contra esa natural inestabilidad debemos desarrollar una mínima conciencia, que nos estabilice y cohíba los impulsos animales.
Estos días se ha dicho que durante este gobierno el Estado se ha burocratizado. Esta afirmación no tiene suficiente validez. En el Presupuesto General de la Nación, ha disminuido el peso de los salarios de los funcionarios en el gasto de funcionamiento.
Tal y como se observa en la figura, entre los años 2015 – 2025, el valor de la nómina de los funcionarios, como porcentaje de los gastos de funcionamiento, se redujo de 21,2 por ciento a 18,71 por ciento. No es cierto, entonces, que se haya presentado una burocratización del Estado.
Para entender la situación actual es importante hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con la inadecuada distinción entre funcionamiento e inversión. Y, la segunda, con la debilidad de la información sobre el empleo público.
La distinción entre funcionamiento e inversión es inadecuada
La diferencia entre funcionamiento e inversión siempre ha sido problemática porque la frontera es ambigua. Hay extremos en los que la diferencia es evidente. Por ejemplo, el dinero destinado a la construcción de una carretera claramente se califica como inversión. Y de manera radicalmente diferente, el pago del aseo del edificio público es de funcionamiento. Estas dos modalidades de gasto muestran asignaciones de naturaleza muy diversa. Pero la frontera entre funcionamiento e inversión no es tan clara cuando se refiere al salario de un programador. Y el asunto se complica cuando el programador está especializado en robótica. A medida que las actividades están más integradas es más difícil establecer una distinción tajante entre funcionamiento e inversión.
La pretensión de separar los gastos de funcionamiento e inversión termina siendo muy borrosa. Esta dualidad se ha ido perdiendo porque los gastos de funcionamiento e inversión siempre se traslapan. Y en numerosas circunstancias no es factible determinar con precisión el significado de la inversión. Además, de manera inadecuada, se desprecia el gasto de funcionamiento frente al de inversión, y se le considera de menor categoría.
Entre 2015 y 2025 la estructura de presupuesto ha cambiado de manera significativa. En la última fila del cuadro se presenta el crecimiento durante el período de análisis. Los gastos de funcionamiento aumentaron 64,6 por ciento, el servicio de la deuda creció 40 por ciento, y la inversión cayó en 0,3 por ciento.
El mayor gasto en funcionamiento tiene que ser analizado de manera cuidadosa, y su aumento no es intrínsecamente malo. De nuevo, este gasto es muy heterogéneo. Su eficiencia tiene que ser evaluada con respecto a los resultados.
En el examen del cuadro preocupa, sobre todo, la caída de la inversión y el aumento del servicio de la deuda, que en el 2025 es de $112,1 billones.
La mejor expresión de la fragilidad de las finanzas públicas es la relación entre inversión y servicio de la deuda, que ha disminuido de forma dramática. Pasó de 0,97 en 2015 a 0,69 en 2025. Se estrechó el margen disponible para la inversión y ello tendrá consecuencias negativas en la producción y el empleo.
La información sobre empleo público es muy deficiente
En el período considerado, el valor de la nómina creció 45,2 por ciento, menos que los gastos de funcionamiento (64,6 por ciento). Por esta razón, la tendencia de la figura es decreciente.
No se pueden hacer apreciaciones ligeras sobre la burocratización, comenzando porque la información sobre el empleo y los salarios públicos es deficiente e inconsistente. El Estado no sabe, a ciencia cierta, cuántos son sus funcionarios, ni el costo de la nómina. En estas condiciones es imposible diseñar una política de empleo y de salarios que conjugue la eficiencia administrativa, los propósitos fiscales y los objetivos macroeconómicos.
El Estado debe replantear la política de empleo público, y se tiene que revisar la pertinencia de la carrera administrativa. Actualmente el tamaño de la nómina paralela –por contrato– es similar al número de empleados de planta. Pero, de nuevo, esta información es muy deficiente, y no se tiene una secuencia clara de la forma como ha evolucionado la planta del sector público.
De todas maneras, no hay evidencia de que durante este gobierno se haya burocratizado el aparato estatal.
¿Sientes que el mundo va muy
rápido y que las cosas no tienen mucho sentido? A mí también me pasa. Por eso,
me gusta volver a leer a Gramsci, ese pensador y periodista italiano, chiquito
y gordito, que estuvo preso por luchar contra el fascismo. Sorprendentemente,
hoy su obra es como un mapa para entender lo que pasa a nuestro alrededor y
para encontrar caminos de esperanza, incluso cuando la niebla parece espesa.
Antonio Gramsci hoy tiene más vigencia que las tres comidas diarias.
Sorprendentemente, hoy su obra es como un mapa para entender lo que pasa a nuestro alrededor y para encontrar caminos de esperanza, incluso cuando la niebla parece espesa. Antonio Gramsci hoy tiene más vigencia que las tres comidas diarias.
La verdad, Gramsci nos dejó
muchas ideas valiosas, como la de "hegemonía". ¿Alguna vez has notado
cómo algunas personas o grupos parecen tener siempre la razón, como si tuvieran
un megáfono invisible, sin explicar nada, pero generando ventajas para ellos
mismos? Bueno, eso es, palabras más, palabras menos, la hegemonía. Es cuando
los poderosos logran que pensemos como ellos, no solo a la fuerza, sino también
a través de lo que vemos en la tele, en las redes sociales, en la escuela, en
las conversaciones de pasillo. Es un poder sutil, pero muy real. Generan un
supuesto “Sentido Común”.
Pero no todo está perdido.
Gramsci también nos habló de la "contrahegemonía", que es cuando nos
organizamos para pensar diferente, para construir nuestras propias ideas y para
luchar por un mundo más justo, para asumirnos desde un pensamiento crítico. Y
aquí es donde la comunicación se vuelve clave, como el agua para una planta.
Necesitamos crear nuestros propios espacios para compartir información, para
debatir, para construir nuestras narrativas, nuestras propias versiones de la
realidad.
En Colombia, por ejemplo, hay
muchos grupos de personas que usan la radio comunitaria, medios alternativos o
periódicos barriales para contar sus historias y para defender sus derechos.
Son voces que resisten, que se organizan, que luchan por ser escuchadas, por
hacerse visibles. Y no solo eso, también necesitamos crear espacios donde las llamadas
“minorías”, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, ROM y poblaciones
vulnerables, puedan expresar sus voces, contar sus historias, compartir sus
saberes ancestrales y sus luchas cotidianas. Porque la diversidad es nuestra
mayor riqueza.
Y hablando de derechos, no
podemos olvidar a las mujeres y a las personas LGBTI. Como dice Rita Segato, la
violencia que sufren no es algo aislado, sino parte de un sistema que busca
mantener el poder en manos de unos pocos, un sistema que se alimenta del miedo
y la exclusión Por eso, la lucha contra la hegemonía es una lucha por la
igualdad, pero también es una lucha feminista y en favor de la comunidad
LGBTIQ+, una lucha, por el respeto a la diferencia.
Ahora, sé que a veces parece que
el mundo se cae a pedazos, que nuevamente estamos rodeados de godos y fachas,
que las noticias nos abruman y nos quitan la esperanza, Gramsci nos recuerda
que en los momentos de crisis también hay oportunidades para construir algo
nuevo, para reinventarnos, para imaginar futuros diferentes. Como decía Orlando
Fals Borda, necesitamos unirnos, organizarnos y luchar juntos por nuestros sueños,
por esos sueños que nos hacen vibrar el corazón.
Y para eso, necesitamos
intelectuales que estén comprometidos con el pueblo, que sepan escuchar, que
sepan acompañar, que nos ayuden a pensar y a actuar, que nos ayuden a tejer
redes de solidaridad y resistencia. Como dice Néstor Kohan, no se trata de genios
encerrados en una torre de marfil, sino de personas que se ensucian las manos
para transformar la realidad, que se comprometen con las luchas de su tiempo.
Así que ya sabes, la próxima vez
que te sientas perdido, recuerda a Gramsci. Sus ideas son como un faro que nos
guía en la oscuridad, como un compañero de camino que nos anima a seguir
luchando por un mundo mejor, un mundo donde quepamos todos y todas. Y recuerda,
la comunicación es nuestra herramienta más poderosa para construir ese mundo,
para conectar voces, para tejer resistencias, para sembrar esperanza.
*Mamador
de gallo y comentarista de lo que usualmente todos comentan. @TitoGomezCo,
especial para LaChispa.Info y Prensa en Movimiento.
Dado el hecho que El Pacto Histórico debe convertirse en un nuevo partido político es necesario que los diferentes integrantes de los partidos y sectores que lo integran dialoguen sobre los contenidos programáticos, los reglamentos para el funcionamiento de este y los requisitos y exigencias para ser admitidos en esa agrupación.
La nueva organización política debe analizar las experiencias políticas y sociales de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, en los últimos 150 años relacionado con movimientos, con partidos políticos y con otros intentos de identificar cuáles son las causas de que en el país haya tanta segregación social, económica y formas de gobierno que han logrado excluir a una gran parte de la población de las posibilidades de satisfacer sus más elementales necesidades.
En la región, en el marco de esta caracterización de los procesos revolucionarios, surgieron múltiples agrupaciones guerrilleras que presupuestaron una rápida llegada al poder por medio de las acciones armadas independientemente de cuál era la real situación revolucionaria y las posibilidades de construir un nuevo poder con la finalidad de transformar la situación económica social del país.
El nuevo partido debe analizar las experiencias políticas y el quehacer de los partidos burgueses colombianos para impedir que sigan manipulando la población nuestra y llevándola a apoyar sus propuestas de gobiernos que tienen el objetivo de seguir explotándola. Es necesario que la nueva organización oriente su actividad a educar políticamente al pueblo para que identifique a la burguesía como su explotador y beneficiario del trabajo del campesino y del asalariado.
El nuevo partido político debe analizar y asimilar todas las experiencias ocurridas en nuestro continente para superar los riesgos de las políticas imperialistas impuestas desde los Estados Unidos. Con este objetivo se debe comprometer a organizar la acción de los maestros y otros profesionales para que organicen conferencias para esclarecerle al pueblo los mecanismos utilizados por la burguesía para presentar la explotación del trabajador como si fuera beneficiosa para el explotado.
Por esta razón el contenido político, los estatutos, que orienten el accionar de la nueva organización debe tener en cuenta la historia de los últimos 150 años de América Latina para lograr sus objetivos: democratización del país, mejoramiento de las condiciones de los excluidos, elevación de su educación, la optimización de sus condiciones de habitabilidad, de acceso a los servicios de salud y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
En pleno siglo XXI la comunicación es clave. El Nuevo Partido político debe crear un aparato de comunicación que le permita elevar el nivel de conciencia política del pueblo, su capacidad de defender sus derechos y proteger las riquezas de nuestros territorios.
Una de las prioridades de la diplomacia colombiana desde la llegada al poder de Gustavo Petro, hace un año y medio, ha sido normalizar las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, que quedaron completamente rotas en 2019. El encargado de pilotear ese propósito como embajador en Caracas, Milton Rengifo, califica el rompimiento decidido por el Gobierno de Iván Duque como “una acción irracional”, en esta entrevista concedida en la residencia del embajador, la Quinta Colombia, una antigua hacienda cafetera que es uno de los iconos de Chacao, uno de los sectores más acomodados de la capital venezolana.
El restablecimiento de relaciones fue uno de los logros tempranos del Gobierno de Petro, quien ya se ha reunido en cinco ocasiones con Maduro. La reapertura de la extensa y porosa frontera de más de 2.200 kilómetros está en marcha, el intercambio comercial repunta de a poco y avanza también la reconexión aérea entre Bogotá y Caracas. Colombia ha tenido un papel en las difíciles negociaciones del chavismo con la oposición, que buscan una salida para la prolongada crisis política venezolana. Venezuela, por su parte, es uno de los países garantes de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN.
A pesar de la nueva era, que busca superar años de diferencias irreconciliables, todavía hay cicatrices. Las sedes diplomáticas a lado y lado padecieron el abandono. “Cuando llegué, mi antecesor, Armando Benedetti, ya había invertido algunos recursos y nosotros continuamos el proceso de recuperación de las instalaciones que estaban bastante deterioradas. Ahora funciona bien”, cuenta Rengifo sobre la Quinta Colombia. Aspira a abrir las puertas de la sede diplomática para que albergue más eventos culturales. “También se están adaptando y modernizando las instalaciones del consulado en Chacaíto”, añade el diplomático.
Pregunta. Venezuela llegó a tener 15 consulados colombianos, ¿en qué va el proceso de reapertura?
Respuesta. Se han abierto Caracas, San Cristóbal, San Antonio y Maracaibo. Al momento de ruptura de relaciones, la salida fue intempestiva. Los aparatos para identificación de la Registraduría, los archivos, los vehículos, quedaron amontonados en el edificio de Chacaíto. Se ha tomado tiempo clasificando los archivos, cajas y cajas. Se han hecho reparaciones locativas. Se ha ido abriendo los consulados de manera progresiva, y vamos bien. No sé si se puedan abrirse los 15, que es la instrucción del presidente. Ya la Cancillería identificó que deben abrirse tres consulados en el occidente de Venezuela: Guasdualito o El Amparo, Puerto Ayacucho, y Atabapo. Es una zona con altísima presencia de colombianos. Estamos empeñados en sacar adelante el proceso de paz, y necesitamos construir Estado en las fronteras.
P. ¿A cuántos colombianos deben atender? ¿Cómo ha sido al proceso de reactivar ese músculo consular?
R. Hay una zona gris que tiene que ver con las cuentas de la migración. ¿Cuántos colombianos salieron en las dos oleadas migratorias? No sabemos. Las estadísticas son bastante precarias. Se han hecho cálculos de dos millones, se ha hablado de ocho millones. Yo no creo que seamos en este momento más de dos millones y medio, pero no tenemos datos. Los colombianos deberían registrarse en el consulado, pero no lo hacen. Estamos organizando un piloto con el DANE para tener un aproximado.
P. Venezuela es un país garante en el proceso con el ELN, y ha sido sede de ciclos de negociación. ¿Ha cumplido un papel constructivo en la mesa de diálogos?
R. Cuando estuvieron aquí, estuve en la inauguración y la clausura, pero no más allá. La Oficina del Alto Comisionado de Paz depende directamente de Presidencia. Como en toda negociación, ha habido divergencias, alejamientos, puntos de vista encontrados, pero el papel de los garantes, no solo de Venezuela, sino también de Noruega, ha sido muy importante para mantener el diálogo. He visitado al general [Vladimir] Padrino y a otros altos mandos del Ejército, también a autoridades civiles, la vicepresidente y el presidente Maduro. Todos repiten una frase que creo que es cierta, y que se la escuché a Chávez: la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Los he visto muy interesados, pues también son afectados por nuestras violencias. En Venezuela pesa mucho el estamento militar, y para ellos es muy importante controlar y mantener la soberanía sobre su territorio. En Colombia, el Estado central no controla totalmente el territorio, especialmente las fronteras.
P. ¿El Gobierno venezolano reconoce la presencia del ELN de este lado de la frontera? Muchos observadores la consideran ya una guerrilla binacional.
R. ¿Hasta dónde el ELN hace presencia aquí? No lo sabemos. Yo he estado en el Táchira, he preguntado, he mirado, y, si están, no se perciben. Oficialmente, aquí muestran preocupación, pero no se reconoce esa presencia.
P. Los Gobiernos de varios países de la región han criticado la inhabilitación de la opositora María Corina Machado en las presidenciales, ¿Colombia rechaza también esa inhabilitación?
R.Yo tengo una instrucción precisa del canciller [Álvaro] Leyva y no me puedo referir a ese tema. Eso lo maneja directamente él. Ahí hay un proceso de negociación en curso. El jueves se filtró que Jorge Rodríguez, líder del Gobierno venezolano en la mesa de diálogos, se ha reunido con Juan González, funcionario muy importante en la Casa Blanca. El acuerdo de Barbados se firmó pero siguen las negociaciones, como anunció esta semana el mismo presidente Maduro. Al respecto, lo único que puedo afirmar, ya que estoy plenamente convencido, porque lo he visto acá, es que todos los sectores debieran reconocer al chavismo o madurismo y las vertientes políticas afines, como una realidad política. Eso desencadenaría unos efectos positivos hacia adelante, pero algunos se niegan a ese reconocimiento. Hemos dicho igualmente que los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos, nosotros simplemente acompañamos. ¿Qué me ha impresionado? El ánimo de diálogo, de construir en medio de las diferencias, de avanzar.
P. ¿La oposición venezolana espera que Colombia sea mediadora para buscar una salida a la crisis política?
R. Siempre hemos tenido un espacio ahí. En la firma del acuerdo de Barbados estuvo el canciller Leyva. La proximidad, los lazos históricos y comerciales son muy importantes. Haberle dado la espalda a Venezuela fue un error estratégico, no solamente de la élite colombiana, sino de muchos países de la región. El rompimiento de relaciones fue una acción irracional. Todavía no conocemos a plenitud los impactos, pero por lo menos 350.000 empleos se perdieron en Colombia. Tenemos un papel por cumplir en nuestro vecindario.
P. ¿El regreso de las sanciones a Venezuela impacta la normalización de las relaciones?
R. Claro, ese libreto es fallido. ¿Esa decisión afectó a Maduro? Afectó a los mismos Estados Unidos, ese volumen de migrantes se explica por esa errática decisión. A nosotros nos parece que, además de ser violatoria del derecho internacional, ha afectado realmente a la gente del común, incluidos los dos o tres o cuatro millones de colombianos que viven acá. En general, casi todos los países con presencia [diplomática] en Venezuela rechazan ese tipo de medidas unilaterales. Hay que buscar otro tipo de soluciones, pero no desde la imposición ni la fuerza. Eso ya se intentó, y fracasó en su momento.
P. Avianca acaba de reabrir la ruta Bogotá-Caracas después de siete años. ¿Cómo recibió esa noticia?
R. Imagínese, es muy positivo. Con apenas 700 millones de dólares de intercambio [llegaron a ser más de 7.000 en 2008], por ejemplo, Cúcuta revivió. El ministro de Comercio, Germán Umaña, habla de una rebaja de la pobreza absoluta en Cúcuta. Yo acabo de venir de San Cristóbal, la frontera tiene otra cara. Han llegado a Venezuela Arturo Calle, Chocorramo, las empresas más grandes de Colombia están preguntando por las condiciones para entrar. Nos toca más difícil ahora, pues ya están Turquía, India, China. Lo primero es generar confianza.
P. Colombia es el principal país de acogida de la diáspora venezolana. ¿Cuál es la postura que le ha transmitido Caracas sobre la política de acogida y flexibilidad migratoria que Bogotá ha mantenido?
R. No lo han planteado públicamente ni oficialmente, pero el diseño institucional que se hizo en Colombia para acoger a la diáspora es aceptado. La manera en que se fortaleció sobre todo la salud, el hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, los de Maicao, Guainía, Arauca. Hablando de vuelos comerciales, hay una solicitud para una frecuencia Bucaramanga-Caracas, para poder atender el flujo de venezolanos que van y vienen por servicios de salud. En términos generales, la respuesta ha sido muy positiva.
P. ¿Colombia todavía contempla recomprar una participación mayoritaria en Monómeros?
R. Si me lo pregunta a mí, yo diría que sí, que deberíamos comprarlo. Pero eso no pasa por el embajador, es una decisión del Gobierno. Yo se lo he sugerido recientemente al presidente, por el impacto que tiene. La agenda está abierta para abordar asuntos bilaterales que se dejaron de abordar. Hay posibilidades de plantear ese y otros temas. En la Comisión de Vecindad se aborda de todo, transporte, asuntos consulares, seguridad y defensa… Eso muestra el tipo de relación que existe, de confianza.
P. ¿Y Colombia contempla comprarle gas a Venezuela?
R. Sí, estamos en eso. Tenemos un margen, pero hay que estarse preparando. Parte del gas que consume Colombia se está trayendo del exterior, desde Houston, Estados Unidos, a un precio elevado. Este es el segundo o tercer país en reservas probadas de gas natural en el mundo.
Esta carretera representa millares de oportunidades perdidas para las comunidades afrodescendientes o de pueblos originarios que viven en el Chocó. El acceso vial debería permitir un flujo constante y seguro de un territorio a otro
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El pasado viernes 12 de enero se presentaron fuertes derrumbes en una carretera cerca de la localidad del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en Colombia. El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural, lo que permite que haya un uso de recursos exclusivos y urgentes destinados a la tragedia que dejó más de 35 muertos y al menos diez desaparecidos. Si bien los recursos que se destinen ahora son esenciales para evitar futuras tragedias y accidentes, no podemos obviar el hecho de que la negligencia con la que se ha tratado este acceso vial responde al racismo estructural que mantiene a las comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios en situaciones de marginalización.
Para ayudar a entender por qué la falta de acceso libre y fácil a la totalidad de un territorio es diciente de cómo opera el racismo estructural se puede recurrir a un dato: desde 1998 la vía Quibdó-Medellín ha cobrado más de 150 vidas. Es necesario recordar que el racismo estructural se puede definir como la suma de instituciones y dinámicas que benefician a ciertas personas de acuerdo a su identidad o condición racial en los ámbitos económico, social, cultural, político o geográfico, entre otros. De manera que el acceso y movilidad restringidos, especialmente de comunidades afrodescendientes o de pueblos originarios, es significativa a la hora de que se lleve a cabo la ejecución de sus derechos. En otras palabras, esta vía representa millares de oportunidades perdidas por cuenta de las limitaciones que trae consigo una carretera en mal estado. Bien lo señala Audrey Mena, abogada afrocolombiana y subdirectora general de la organización ILEX Acción Jurídica: “La discriminación estructural y sistemática se manifiesta de manera flagrante en la falta de inversión en medidas de seguridad vial y en la ausencia de mantenimiento adecuado de la carretera. Mientras las comunidades afrodescendientes luchan por acceder a servicios médicos de calidad y a educación, la vía que debería ser su puente hacia oportunidades, se transforma en un peligro constante”.
El acceso vial debería permitir un flujo constante y seguro de un territorio a otros. Sin embargo, mantener una vía descuidada por tanto tiempo puede revelar cómo opera el racismo estructural. El caso deja en evidencia que no habido ningún esfuerzo —ni de la sociedad civil, ni de la Procuraduría o los funcionarios el Estado han conseguido su pavimentación completa. La vía Quibdó-Medellín ha sido descuidada sistemáticamente pese a que solo es una línea de 215 kilómetros. No podemos pasar por alto el hecho de que las carreteras en buen estado son determinantes a la hora de facilitar la entrada y la salida de todo tipo de recursos.
Como recuerda la abogada, el departamento del Chocó comprende el 82% de la población afrodescendiente del país. Allí existen 50 consejos comunitarios referentes a la Región Pacífica, además de aproximadamente 12 comunidades indígenas. Por eso, dice, no puede separarse el accidente “del racismo estructural y del abandono estatal que han tejido un manto de disparidad sobre esta población y comunidades. Los accidentes, lejos de ser meras fatalidades, son el resultado de un sistema que antepone ciertas vidas y desatiende otras”, insiste.
Los deslizamientos de tierra o los desastres pueden presentarse en cualquier momento. Para tratar de prevenir los riesgos, se deben hacer evaluaciones meticulosas de acuerdo a las necesidades específicas del terreno. Pero, de nuevo, el racismo estructural se ve en la falta de cuidado con la que se han realizado avances en el mantenimiento de la vía, puesto que las contrataciones para hacerlo han estado a cargo de personas del Gobierno nacional, no del regional ni del municipal desde 2002. Esto es muy relevante, ya que en Chocó llueve entre 287 a 300 días al año, lo que implica que la inversión que se haga debe atender de manera más que minuciosa a la compresión de una de las regiones más lluviosas del mundo, pero lo que se ha visto hasta el momento son medidas paliativas que no ven la importancia y la necesidad de hacer cambios duraderos al lado de consultores que conozcan la región.
El Chocó es uno de los corredores que comunica a dos de las principales ciudades de Colombia, Quibdó y Medellín, y resulta alarmante que lleve el apodo ”corredor de la muerte”. El hecho de que los medios más importantes de Colombia se refieran a esta carretera de dicha manera, no solo es una muestra de la negligencia estatal que lleva años sin dar una solución permanente al problema del mal estado de la vía y los deslizamientos; también es un ejemplo contundente de que los medios masivos aún no comprenden el impacto que tiene su trabajo sobre la racialización ni la revictimización de una comunidad y su territorio. Puesto que las formas en que nombramos situaciones, grupos de personas, dinámicas de cualquier tipo contribuye a nuestros imaginarios colectivos, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué nombrar una problemática tan dolorosa con amarillismo y espectacularización? Nombrar las cosas con una perspectiva ética sí puede contribuir a una imagen del Pacifico y del Chocó menos tendenciosa.
El racismo estructural es un problema para todas las personas. Este caso trágico nos muestra que la manera en que se distribuyen los presupuestos sí tiene un sesgo y sí responde a modelos sociales que se relacionan directamente con lecturas de raza, de clase y de género. Como lo explicó la escritora chocoana Velia Vidal en una entrevista para el medio La Silla Vacía sobre el derrumbe: “Colombia tiene obras de ingeniería que se destacan a nivel internacional, tiene túneles tremendos, hemos hecho cosas de altísima tecnología, pero ninguna de este tipo de inversiones llega al Chocó. Nosotros no tenemos una propia salida al mar en el departamento. Quedó en evidencia con Medicina Legal que no tenemos la capacidad de procesar la cantidad de cadáveres que resultaron de esta tragedia. No tenemos la capacidad médica de atender a las víctimas y los heridos en una tragedia de esta magnitud. Aquí estamos observando asuntos mucho más profundos”, dijo. Lo que dejó ver el derrumbe fue un desconocimiento abismal del territorio, una negligencia estatal que lleva décadas impune y un vacío epistémico en medios sobre lo que es el racismo estructural.
Lo evitable de esta tragedia es uno de los factores más dolorosos y más determinantes de cómo opera el racismo. Esto también dijo Velia Vidal en su columna para Cambio: “Los chocoanos no aguantamos poner un muerto más en nuestras carreteras. La única explicación a esta tragedia cíclica es el racismo estructural, que ha impedido una solución de fondo a esta problemática que año tras año nos recuerda que nuestras vidas son las que menos importan en este país”. Esperemos que los 128 millones de dólares que Gustavo Petro se comprometió a asegurar y a trasladar al Instituto Nacional de Vías vengan acompañados de una visión a largo plazo que tenga en cuenta las características únicas del territorio, de las comunidades que lo habitan y lo transitan y los millares de señalamientos que ha hecho la gente en Chocó sobre la urgencia de conectar al Pacífico con el resto de Colombia de manera efectiva y segura.
