No hay evidencias de burocratización del Estado Por: Jorge Iván González

 Por: Jorge Iván González*

Estos días se ha dicho que durante este gobierno el Estado se ha burocratizado. Esta afirmación no tiene suficiente validez. En el Presupuesto General de la Nación, ha disminuido el peso de los salarios de los funcionarios en el gasto de funcionamiento.

Tal y como se observa en la figura, entre  los años 2015 – 2025, el valor de la nómina de los funcionarios, como porcentaje de los gastos de funcionamiento, se redujo de 21,2 por ciento a 18,71 por ciento. No es cierto, entonces, que se haya presentado una burocratización del Estado.

Para entender la situación actual es importante hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con la inadecuada distinción entre funcionamiento e inversión. Y, la segunda, con la debilidad de la información sobre el empleo público.

La distinción entre funcionamiento e inversión es inadecuada

La diferencia entre funcionamiento e inversión siempre ha sido problemática porque la frontera es ambigua. Hay extremos en los que la diferencia es evidente. Por ejemplo, el dinero destinado a la construcción de una carretera claramente se califica como inversión. Y de manera radicalmente diferente, el pago del aseo del edificio público es de funcionamiento. Estas dos modalidades de gasto muestran asignaciones de naturaleza muy diversa. Pero la frontera entre funcionamiento e inversión no es tan clara cuando se refiere al salario de un programador. Y el asunto se complica cuando el programador está especializado en robótica. A medida que las actividades están más integradas es más difícil establecer una distinción tajante entre funcionamiento e inversión.

La pretensión de separar los gastos de funcionamiento e inversión termina siendo muy borrosa. Esta dualidad se ha ido perdiendo porque los gastos de funcionamiento e inversión siempre se traslapan. Y en numerosas circunstancias no es factible determinar con precisión el significado de la inversión. Además, de manera inadecuada, se desprecia el gasto de funcionamiento frente al de inversión, y se le considera de menor categoría.

Entre 2015 y 2025 la estructura de presupuesto ha cambiado de manera significativa. En la última fila del cuadro se presenta el crecimiento durante el período de análisis. Los gastos de funcionamiento aumentaron 64,6 por ciento, el servicio de la deuda creció 40 por ciento, y la inversión cayó en 0,3 por ciento.

El mayor gasto en funcionamiento tiene que ser analizado de manera cuidadosa, y su aumento no es intrínsecamente malo. De nuevo, este gasto es muy heterogéneo. Su eficiencia tiene que ser evaluada con respecto a los resultados.

En el examen del cuadro preocupa, sobre todo, la caída de la inversión y el aumento del servicio de la deuda, que en el 2025 es de $112,1 billones.

La mejor expresión de la fragilidad de las finanzas públicas es la relación entre inversión y servicio de la deuda, que ha disminuido de forma dramática. Pasó de 0,97 en 2015 a 0,69 en 2025. Se estrechó el margen disponible para la inversión y ello tendrá consecuencias negativas en la producción y el empleo.

La información sobre empleo público es muy deficiente

En el período considerado, el valor de la nómina creció 45,2 por ciento, menos que los gastos de funcionamiento (64,6 por ciento). Por esta razón, la tendencia de la figura es decreciente.

No se pueden hacer apreciaciones ligeras sobre la burocratización, comenzando porque la información sobre el empleo y los salarios públicos es deficiente e inconsistente. El Estado no sabe, a ciencia cierta, cuántos son sus funcionarios, ni el costo de la nómina. En estas condiciones es imposible diseñar una política de empleo y de salarios que conjugue la eficiencia administrativa, los propósitos fiscales y los objetivos macroeconómicos.

El Estado debe replantear la política de empleo público, y se tiene que revisar la pertinencia de la carrera administrativa. Actualmente el tamaño de la nómina paralela –por contrato– es similar al número de empleados de planta. Pero, de nuevo, esta información es muy deficiente, y no se tiene una secuencia clara de la forma como ha evolucionado la planta del sector público.

De todas maneras, no hay evidencia de que durante este gobierno se haya burocratizado el aparato estatal. 

jorgeivangonzalez29@gmail.com

14 de mayo de 2025

*Especial para Desde Abajo - Edición 324

https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no324/item/no-hay-evidencias-de-burocratizacion-del-estado.html

Chicoral: Del Pacto de la Vergüenza al Pacto por la Esperanza

 Chicoral: Del Pacto de la Vergüenza al Pacto por la Esperanza

Petro lidera la reivindicación campesina en el corazón del Tolima

El gobierno del cambio busca saldar la deuda histórica con el campo colombiano, revirtiendo los efectos del pacto de 1972 que condenó a la pobreza a miles de familias.

Por: Edmundo Dantes

Chicoral, Tolima - El 21 y 22 de febrero de 2024, Chicoral, Tolima, será escenario de un encuentro histórico que busca reparar una de las mayores injusticias cometidas contra el campesinado colombiano. El presidente Gustavo Petro liderará la construcción del Pacto por la Tierra y la Vida, un acuerdo que pretende revertir los efectos del nefasto Pacto de Chicoral de 1972, aquel que selló la contrarreforma agraria y la profundización de la desigualdad en el campo.

Hace 52 años, el 9 de enero de 1972, el gobierno de Misael Pastrana Borrero, en contubernio con las élites políticas y terratenientes, perpetró un golpe devastador contra el campesinado. En Chicoral, se pactó la contrarreforma de la Ley 135 de 1961, eliminando la posibilidad de expropiar los latifundios improductivos y condenando a miles de familias a la pauperización. Aquel pacto no solo significó una traición a las luchas campesinas por la tierra, sino que instauró la violencia como herramienta para reprimir la legítima exigencia de acceso a la tierra.

La respuesta del Estado ante las justas demandas del campesinado fueron detenciones masivas y asesinatos selectivos. La represión limitó gravemente las opciones de resistencia, obligando a las comunidades rurales a defender su vida frente a un gobierno que los consideraba enemigos. El pacto de Chicoral representó una perspectiva peligrosa al configurar al campesino como un adversario del Estado, debilitando el camino hacia una democracia más inclusiva y profundizando el distanciamiento entre las instituciones y las mayorías rurales.

Hoy, el gobierno del cambio busca saldar esa deuda histórica. El Pacto por la Tierra y la Vida, que se construirá con la participación de más de 4.000 campesinos y miembros de comunidades étnicas, tiene como objetivo transformar la estructura agraria del país, garantizando el acceso a la tierra y a los recursos necesarios para producir alimentos de manera sostenible. Se trata de un nuevo pacto de Chicoral, esta vez con los campesinos como protagonistas del cambio, comprometidos con la soberanía alimentaria y la justicia social.

La jornada, que contará con la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, abordará temas clave como la redistribución equitativa de la tierra, la democratización del campo, la transformación productiva, la recuperación de suelos, la protección del agua y la reorganización de las instituciones agrarias. A través de mesas de trabajo, se buscarán estrategias para enfrentar el hambre, la crisis climática y fortalecer el compromiso con la paz.

Al finalizar la jornada, se firmará el nuevo Pacto de Chicoral, que servirá como hoja de ruta para la reforma agraria del país, buscando un modelo sostenible que garantice el bienestar del campo colombiano y contribuya a la paz con justicia social. El futuro del campo colombiano depende de reconocer la dignidad del campesinado y de darles las herramientas para transformar su realidad.

Este nuevo pacto representa una oportunidad histórica para reivindicar los derechos del campesinado, reparar las injusticias del pasado y construir un futuro más justo y equitativo para el campo colombiano. ¡Por redistribución, democracia y transformación del campo!

Sector agrícola impulsa crecimiento del IPP en 2024: una señal de fortalecimiento productivo

 El aumento del 7,33% en el Índice de Precios del Productor (IPP) refleja una mayor demanda y valorización de los productos agrícolas, lo que podría traducirse en beneficios para los productores y la economía en general.

Por: Edmundo Dantes

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el Índice de Precios del Productor (IPP) en Colombia cerró el 2024 con un aumento del 7,33%. Este indicador, que mide la variación de los precios que reciben los productores por sus bienes y servicios, evidencia un incremento en la demanda y valorización de los productos agrícolas, lo que podría generar beneficios para los productores y la economía en general.

El sector de agricultura y pesca fue el que experimentó el mayor aumento en los precios de producción, con un 16,57%. Este incremento podría explicarse por diversos factores, como el aumento en la demanda de alimentos a nivel nacional e internacional, la valorización de los productos agrícolas en el mercado internacional y las inversiones en tecnología y buenas prácticas agrícolas que han permitido aumentar la productividad y la calidad de los productos.

A pesar del aumento en los costos de producción, el sector agrícola ha demostrado su capacidad para adaptarse y seguir generando valor agregado. Esto se refleja en el aumento de las exportaciones agrícolas, que han impulsado el crecimiento económico del país y han generado empleo en las zonas rurales.

A pesar del aumento en los costos de producción, el sector agrícola demuestra su dinamismo y capacidad para generar valor agregado, lo que podría impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en el país.

El aumento del IPP en el sector agrícola también podría tener un impacto positivo en la inflación a largo plazo. Si los productores agrícolas invierten sus ganancias en mejorar la productividad y la eficiencia de sus procesos, esto podría generar una mayor oferta de alimentos a precios más competitivos en el futuro.

Es importante destacar que el sector agrícola es un motor fundamental para la economía colombiana. Su dinamismo y capacidad para generar valor agregado son clave para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza en el país.

Fuentes:

• DANE: https://www.dane.gov.co/
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: https://www.minagricultura.gov.co/
• Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: https://federaciondecafeteros.org/wp/

 

Inmersion Cap1 21102024 Galán Endeudado

 Inmersion Capitulo 1

21/10/2024

Galán Endeudado Representantes del Pacto Histórico critican el nuevo cupo de endeudamiento propuesto por la Alcaldía de Bogotá

Bogotá, 21 de octubre de 2024

En una reciente declaración para La Chispa.info, la concejala de Bogotá, perteneciente al Pacto Histórico Unión Patriótica, Heidy Sánchez Barreto, expresó su preocupación por el nuevo cupo de endeudamiento presentado por la administración de Carlos Fernando Galán. Según Sánchez Barreto, la Alcaldía ha propuesto un endeudamiento de $13.1 billones, de los cuales $9.6 billones están destinados a proyectos del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) y $3.5 billones a la cofinanciación de la Troncal de Transmilenio de la calle 13. Sánchez Barreto criticó que, aunque la administración promueve la austeridad del gasto como una bandera política, esta no se refleja en el destino del cupo de endeudamiento. "La mayor parte será destinada al desarrollo de infraestructura vial y proyectos que benefician directamente a las empresas de la construcción y el transporte, beneficiando el capital privado sobre los derechos de las comunidades vulnerables", afirmó. Por su parte, el edil de la localidad de la Candelaria Tito Gómez, también del Pacto Histórico Unión Patriótica, señaló que no hay austeridad en las inversiones propuestas por el alcalde Galán, sino un intento de cubrir sobrecostos. Gómez recordó que la administración anterior, liderada por Claudia López del Partido Verde, dejó la ciudad endeudada, y ahora se presenta un nuevo cupo de endeudamiento en menos de un año por un monto de $9.6 billones, sumado a $3.5 billones para la Troncal de la calle 13. Gómez destacó que más del 60% del cupo de endeudamiento está dirigido a obras de infraestructura, justificadas bajo el argumento de reactivar la economía y generar empleo. Sin embargo, criticó que muchas de estas obras están sin terminar desde 2018 y que los sobrecostos son una carga para los ciudadanos. "El 46.6% del cupo de endeudamiento, equivalentes a $5.7 billones, se dirige a Transmilenio, incluyendo la terminación de la troncal de la avenida 68, que tiene un sobrecosto de casi $500.000 millones", añadió.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS

 

América Colombia

Salir o no salir del gas: esa es la cuestión para Colombia

Ecopetrol ha advertido que, pese a que se trata de un combustible fósil y solo hay reservas probadas para siete años, lo usará como energía para la transición. Según expertos, para 2040 ya debería estar fuera de la matriz del país

Tubería de Gas Natural Foto de Archivo

MARÍA MÓNICA MONSALVE S.

Bogotá - 18 ENE 2024 - 23:30 COT

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El discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a repetirse en Davos. “Hemos decidido no contratar más exploraciones de petróleo, gas y carbón como una muestra de la necesidad que tenemos de descarbonizar nuestra economía”. Sus palabras, por lo menos en términos de cambio climático, son una buena señal política, pero llevarlas a la práctica implicará retos enormes no solo para este Gobierno, sino, por lo menos, para las próximas cuatro presidencias del país. Y aunque el camino que deberá recorrer cada uno de estos combustibles fósiles en los próximos años es desafiante, el caso del gas podría ser de los más inquietantes. Quizá, el que más matices tiene.

Actualmente, el gas natural le da energía a alrededor de 11 millones de familias, mueve a 670.000 vehículos y permite que 145.000 comercios puedan desarrollar su actividad, solo por citar algunos casos. Además, y a pesar de que su presencia en la matriz primaria ha ido disminuyendo – ha pasado de representar el 28% al 16% entre 2000 y 2021, según datos reportados por un informe del Natural Resource Governance Institute (NGRI) -, la seguridad energética del país sigue siendo altamente dependiente del gas. El problema es que desde el año 2022 se estimó que las reservas probadas que existen de gas natural en el país, solo alcanzarían para 7,2 años más, el menor nivel alcanzado en los últimos diez años.

Pese a esta posible escasez de gas, el Gobierno ha reiterado que usará el gas como una energía transición. Algo así como decir que es un escalón por el que se necesita pasar, mientras las energías renovables basadas en el sol y en el viento se hacen más potentes y confiables. Se trata de una narrativa que no solo ha crecido en Colombia. ¿La razón? El gas, a pesar de generar metano – que es hasta 80 veces más potente que el CO2 a la hora de calentar la atmósfera -, emite entre un 50% y 60% menos de CO2 que el carbón. Por eso, si se compara con el petróleo y el carbón, puede considerarse una energía más limpia.

Cuando se juntan ambos discursos – la intención de dejar atrás el gas eventualmente, pero usarlo como parte de la transición hacía las renovables – surgen más preguntas. ¿Cuáles son los sectores que dejarán de usar primero el gas? ¿Para cuándo debe salir de la matriz energética? ¿Si solo hay gas para 7,2 años más, vale la pena seguir apostándole?

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, prefiere no dar fechas sobre su salida. “La demanda va a ser la que diga cuándo empezará a decaer el uso de este recurso”, comenta en entrevista con América Futura. Mientras, expertos como Giovanni Pabón, director del área de Energía en el centro de pensamiento Transforma, comentan que los análisis apuntan a que, para 2040, el gas ya debería salir. Esto, teniendo en cuenta que el país tiene compromisos climáticos como reducir sus emisiones en 51% para 2030 y ser carbono neutral a 2050. “Dejar el gas va a ser doloroso y largo, pero hay que hacerlo, también, porque es un combustible que cada vez tendrá precios más altos”, agrega.

La baraja de opciones del gas

Haciendo matemáticas ligeras, Colombia tendría gas asegurado hasta, más o menos, 2029. Y si un buen estimado es que el combustible tendría que salir de la matriz para el 2040, por lo menos habría que asegurar más gas natural para unos diez años, esto teniendo en cuenta que la misión que tiene el Gobierno es que se haga sin explorar más contratos de los que existen al día de hoy. Para lograrlo, existe una baraja de opciones.

Una sobre las que primero habla Roa es la de materializar la explotación del gas que está costa afuera. “En la medida que podamos madurar y desarrollar los recursos off shore, esperamos que podamos suplir rápidamente este nivel de reservas”, comenta. Sus cálculos apuntan a que, si determina que sí se puede y es financieramente recomendable explotar ese gas costa afuera, el combustible ya se podría utilizar “por temprano para el 2027 y, por tarde, para principios de 2029″. “Estamos hablando de 2,5 terapies cúbicos adicionales o, por mucho, entre 10 y 12,5 terapies cúbicos”. Gas que, señala, podría duplicar las reservas, en el primer caso, y hasta multiplicarlas por cuatro o por cinco en el segundo caso.

Pese a su optimismo frente al tema, hay reportes que han encontrado dudas sobre esta opción. El año pasado, el International Institute for Suistainable Develepment (IISD) publicó un informe que, con base en un análisis del grupo Rystad, decía que dos de los grandes proyectos que se esperan explotar costa afuera, los yacimientos de Gorgon y Uchuva, solo lograrían darle gas al sistema hasta 2035, “alcanzando su máximo alrededor de 2037-2038″. Algunas de las conclusiones de las que habla el documento de IISD son que el desarrollo de estos yacimientos es muy incierto e implica altos riesgos económicos, que “estas inversiones se consideran económicamente no comerciales” y que “la venta de este gas en el mercado interno colombiano probablemente requeriría que el gas se vendiera a un precio más elevado que el esperado por los consumidores, por lo que el Gobierno colombiano podría verse obligado a pagar importantes subvenciones al fin de mantener un precio aceptable”.

Sin embargo, un análisis más reciente de Rystad, publicado en diciembre de 2023, va por otra vía. Señala que el desarrollo de Gorgon y Uchuva generaría un gas que sería competitivo en términos económicos. “En términos de seguridad del suministro, competencia de precios y oportunidades para la industria nacional, el desarrollo de estos activos en alta mar debería ser una prioridad para Colombia”.

La otra opción – que podría ser una mezcla con la anterior – es importar más gas. ¿De dónde? Roa repite la idea que se ha hecho pública de traerlo desde Venezuela. “Existe un vehículo jurídico desde 2007 por el cual ya Colombia le suministró combustible a Venezuela y ahora podemos usarlo para que Venezuela [a través de PDVSA] nos supla de gas, ya que tiene vigencia hasta 2027″, comenta. “Estamos evaluando la integralidad y la condición física del gasoducto para poderlo adecuar”. ¿Cuánto costaría? Aún no se sabe. Y hasta el momento, tampoco es que haya algo definido.

Finalmente, otra de las opciones en la baraja es crear una segunda infraestructura de importación, además de la que ya existe en el Caribe colombiano. Se trataría de una regasificadora en la costa del Pacífico, una idea con la que vienen coqueteando varios Gobiernos desde el 2017, pero que ha tenido varios detractores. “Algunos analistas consideran que [la regasificadora] plantea riesgos de tipo ambiental y de ubicación geográfica sobre territorios protegidos, que existen potenciales amenazas sísmicas y un canal poco profundo para que ingresen las embarcaciones o que no es conveniente la importación por el elevado precio internacional del gas”, señala el informe de NRGI. En las últimas licitaciones para asignar su construcción, la convocatoria se ha declarado desierta.

No incentivar la demanda de gas

Sobre el gas en Colombia, hay dilemas e incertidumbres. Pero hay una cosa que parece ser clara: se debería evitar incentivar aún más la demanda de gas, pues es una que, según Ecopetrol, se ha mantenido estable durante los últimos diez años. “Es importante que lo que se impulse realmente son las renovables, como la oportunidad de electrificar el sector transporte y el residencial. Desde ya, todas las construcciones nuevas deberían tener estufas eléctricas y no de gas”, asegura Juliana Peña, oficial senior para América Latina de NRGI. “Paralelo a esto, también hay que dejar de aumentar las termoeléctricas a base de gas, y así la demanda disminuirá”.

Pero la historia no habla necesariamente bien sobre esto. Pabón, por ejemplo, recuerda que en 2021 el Congreso aprobó la ley 2028 que obliga a las ciudades con sistemas de transporte masivo a que, por lo menos, el 30% de su flota operare con motores de gas, cuando lo que se debería incentivar es que fueran eléctricos. “Hay que evitar que se repitan estos escenarios a toda costa. Hay que dejar de incentivar el uso del gas porque, a futuro, será un error tremendo”.

Y es que, por ahora, sobre el gas, parece que nada está acordado. Hay incertidumbre sobre los planes, los costos y, por supuesto, hasta Colombia dependerá del gas. Lo cierto, como dice Peña, es que “hay que hacer un plan de salida del gas”, algo sobre lo que, puntualmente, el Gobierno no ha hablado.