La Reforma Laboral en Colombia: Entre el "Decretazo" Presidencial y la Última Palabra del Congreso

 Por: Prensa en Movimiento

Bogotá, Colombia – La arena política colombiana se caldea en torno a la Reforma Laboral y la polémica generada por el Decreto 0639 de 2025, conocido popularmente como el "decretazo". Este instrumento, expedido por el presidente Gustavo Petro, convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre la propuesta de reforma. Sin embargo, lo que inicialmente se perfilaba como una discusión jurídica sobre la constitucionalidad del decreto, ha trascendido a un debate de índole política, según el propio mandatario.

La controversia se intensificó tras la decisión de la Sección V del Consejo de Estado, que dictó medidas cautelares contra el Decreto 0639, ordenando la suspensión de sus términos mientras el tribunal analiza una decisión de fondo. La corte argumentó que el decreto, "al menos en esta etapa inicial, fue expedido con desconocimiento de las normas que regulan el proceso". Esta medida cautelar ha sido un punto de inflexión en la pugna entre el Ejecutivo y algunos sectores del Legislativo.

Congresistas de oposición no tardaron en reaccionar, interponiendo una demanda contra la norma y acusando al Jefe de Estado de extralimitarse en sus funciones y desconocer el principio de separación de poderes. Algunos, incluso, sugirieron al presidente que "cambie de asesores jurídicos" ante la decisión del tribunal contencioso. Este cruce de acusaciones refleja la tensión que ha caracterizado la tramitación de la Reforma Laboral desde su génesis.

El presidente Petro, utilizando su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), respondió a estas críticas con contundencia. "Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente el decreto, que entregué fue a la Corte Constitucional", escribió el mandatario. Con estas palabras, Petro buscó restar validez a la decisión del Consejo de Estado en cuanto a la inconstitucionalidad de su decreto, reiterando que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional en ese ámbito.

Más allá de la esfera jurídica, el presidente Petro enfatizó que la discusión ha evolucionado a un plano político. "Pero ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final", sentenció. Este pronunciamiento subraya la presión que el Ejecutivo ejerce sobre el Legislativo para que cumpla con la conciliación de la Reforma Laboral, un proyecto que, según el presidente, busca restituir derechos a millones de trabajadores en Colombia y que ya fue aprobado en cuarto debate por la plenaria del Senado.

El mandatario instó directamente a la mesa directiva del Senado a "cumplir su palabra" en lo referente a la conciliación del proyecto de ley. Advirtió que la suspensión del decreto podría usarse para "detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia". En un tono enérgico, Petro afirmó que el compromiso ya no es solo con él como presidente, sino "ante el pueblo", el "poder soberano" que, según sus palabras, "tendrá la última palabra".

De hecho, la Casa de Nariño fue escenario de un Consejo de Ministros el pasado martes, donde el propio presidente Petro anunció una condición clave: si se logra la conciliación de la Reforma Laboral antes del cierre de la legislatura, previsto para el 20 de junio, suspenderá el Decreto 0639 de 2025. Esta declaración evidencia la voluntad del Gobierno de priorizar el trámite legislativo sobre la vía de la consulta popular, siempre y cuando se avance en la aprobación de la reforma.

En sintonía con el presidente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ratificó que la discusión actual es de naturaleza política, más que jurídica. "Lo único que preocupa ahora es lo político: que Efraín Cepeda (presidente del Senado) nombre los conciliadores (de la reforma laboral) y que se apruebe en gran medida en la conciliación el texto del Senado; ahí es donde está el meollo del asunto", explicó Benedetti desde la Casa de Nariño. El ministro también desestimó la postura del Consejo de Estado sobre la necesidad de un concepto previo para la consulta, aludiendo a un pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional que, según él, indica lo contrario.

La situación es clara: el Gobierno del Cambio busca que el Congreso honre su compromiso con la Reforma Laboral. La pelota está ahora en el tejado del Legislativo, que tiene hasta el 20 de junio para conciliar el texto. Si la conciliación se materializa y la reforma avanza, la polémica consulta popular podría quedar sin efecto, priorizando así el camino parlamentario para la materialización de lo que el gobierno considera una reivindicación histórica de los derechos laborales en Colombia.

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Fuentes:

• Declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X (18 de junio de 2025).
• Decisión de la Sección V del Consejo de Estado sobre las medidas cautelares contra el Decreto 0639 de 2025.
• Declaraciones de congresistas de oposición.
• Información del Ministerio del Interior.
• Pronunciamientos del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 17 de junio de 2025.
• Declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti.

El derrumbe en la vía Quibdó-Medellín revela el racismo estructural de Colombia

CHOCÓ OPINIÓN

El derrumbe en la vía Quibdó-Medellín 

revela el racismo estructural de Colombia

Esta carretera representa millares de oportunidades perdidas para las comunidades afrodescendientes o de pueblos originarios que viven en el Chocó. El acceso vial debería permitir un flujo constante y seguro de un territorio a otro

CAROLINA RODRÍGUEZ MAYO

17 ENE 2024 - 23:30 COT

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El pasado viernes 12 de enero se presentaron fuertes derrumbes en una carretera cerca de la localidad del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en Colombia. El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural, lo que permite que haya un uso de recursos exclusivos y urgentes destinados a la tragedia que dejó más de 35 muertos y al menos diez desaparecidos. Si bien los recursos que se destinen ahora son esenciales para evitar futuras tragedias y accidentes, no podemos obviar el hecho de que la negligencia con la que se ha tratado este acceso vial responde al racismo estructural que mantiene a las comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios en situaciones de marginalización.

Para ayudar a entender por qué la falta de acceso libre y fácil a la totalidad de un territorio es diciente de cómo opera el racismo estructural se puede recurrir a un dato: desde 1998 la vía Quibdó-Medellín ha cobrado más de 150 vidas. Es necesario recordar que el racismo estructural se puede definir como la suma de instituciones y dinámicas que benefician a ciertas personas de acuerdo a su identidad o condición racial en los ámbitos económico, social, cultural, político o geográfico, entre otros. De manera que el acceso y movilidad restringidos, especialmente de comunidades afrodescendientes o de pueblos originarios, es significativa a la hora de que se lleve a cabo la ejecución de sus derechos. En otras palabras, esta vía representa millares de oportunidades perdidas por cuenta de las limitaciones que trae consigo una carretera en mal estado. Bien lo señala Audrey Mena, abogada afrocolombiana y subdirectora general de la organización ILEX Acción Jurídica: “La discriminación estructural y sistemática se manifiesta de manera flagrante en la falta de inversión en medidas de seguridad vial y en la ausencia de mantenimiento adecuado de la carretera. Mientras las comunidades afrodescendientes luchan por acceder a servicios médicos de calidad y a educación, la vía que debería ser su puente hacia oportunidades, se transforma en un peligro constante”.

El acceso vial debería permitir un flujo constante y seguro de un territorio a otros. Sin embargo, mantener una vía descuidada por tanto tiempo puede revelar cómo opera el racismo estructural. El caso deja en evidencia que no habido ningún esfuerzo —ni de la sociedad civil, ni de la Procuraduría o los funcionarios el Estado han conseguido su pavimentación completa. La vía Quibdó-Medellín ha sido descuidada sistemáticamente pese a que solo es una línea de 215 kilómetros. No podemos pasar por alto el hecho de que las carreteras en buen estado son determinantes a la hora de facilitar la entrada y la salida de todo tipo de recursos.

Como recuerda la abogada, el departamento del Chocó comprende el 82% de la población afrodescendiente del país. Allí existen 50 consejos comunitarios referentes a la Región Pacífica, además de aproximadamente 12 comunidades indígenas. Por eso, dice, no puede separarse el accidente “del racismo estructural y del abandono estatal que han tejido un manto de disparidad sobre esta población y comunidades. Los accidentes, lejos de ser meras fatalidades, son el resultado de un sistema que antepone ciertas vidas y desatiende otras”, insiste.

Los deslizamientos de tierra o los desastres pueden presentarse en cualquier momento. Para tratar de prevenir los riesgos, se deben hacer evaluaciones meticulosas de acuerdo a las necesidades específicas del terreno. Pero, de nuevo, el racismo estructural se ve en la falta de cuidado con la que se han realizado avances en el mantenimiento de la vía, puesto que las contrataciones para hacerlo han estado a cargo de personas del Gobierno nacional, no del regional ni del municipal desde 2002. Esto es muy relevante, ya que en Chocó llueve entre 287 a 300 días al año, lo que implica que la inversión que se haga debe atender de manera más que minuciosa a la compresión de una de las regiones más lluviosas del mundo, pero lo que se ha visto hasta el momento son medidas paliativas que no ven la importancia y la necesidad de hacer cambios duraderos al lado de consultores que conozcan la región.

El Chocó es uno de los corredores que comunica a dos de las principales ciudades de Colombia, Quibdó y Medellín, y resulta alarmante que lleve el apodo ”corredor de la muerte”. El hecho de que los medios más importantes de Colombia se refieran a esta carretera de dicha manera, no solo es una muestra de la negligencia estatal que lleva años sin dar una solución permanente al problema del mal estado de la vía y los deslizamientos; también es un ejemplo contundente de que los medios masivos aún no comprenden el impacto que tiene su trabajo sobre la racialización ni la revictimización de una comunidad y su territorio. Puesto que las formas en que nombramos situaciones, grupos de personas, dinámicas de cualquier tipo contribuye a nuestros imaginarios colectivos, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué nombrar una problemática tan dolorosa con amarillismo y espectacularización? Nombrar las cosas con una perspectiva ética sí puede contribuir a una imagen del Pacifico y del Chocó menos tendenciosa.

El racismo estructural es un problema para todas las personas. Este caso trágico nos muestra que la manera en que se distribuyen los presupuestos sí tiene un sesgo y sí responde a modelos sociales que se relacionan directamente con lecturas de raza, de clase y de género. Como lo explicó la escritora chocoana Velia Vidal en una entrevista para el medio La Silla Vacía sobre el derrumbe: “Colombia tiene obras de ingeniería que se destacan a nivel internacional, tiene túneles tremendos, hemos hecho cosas de altísima tecnología, pero ninguna de este tipo de inversiones llega al Chocó. Nosotros no tenemos una propia salida al mar en el departamento. Quedó en evidencia con Medicina Legal que no tenemos la capacidad de procesar la cantidad de cadáveres que resultaron de esta tragedia. No tenemos la capacidad médica de atender a las víctimas y los heridos en una tragedia de esta magnitud. Aquí estamos observando asuntos mucho más profundos”, dijo. Lo que dejó ver el derrumbe fue un desconocimiento abismal del territorio, una negligencia estatal que lleva décadas impune y un vacío epistémico en medios sobre lo que es el racismo estructural.

Lo evitable de esta tragedia es uno de los factores más dolorosos y más determinantes de cómo opera el racismo. Esto también dijo Velia Vidal en su columna para Cambio: “Los chocoanos no aguantamos poner un muerto más en nuestras carreteras. La única explicación a esta tragedia cíclica es el racismo estructural, que ha impedido una solución de fondo a esta problemática que año tras año nos recuerda que nuestras vidas son las que menos importan en este país”. Esperemos que los 128 millones de dólares que Gustavo Petro se comprometió a asegurar y a trasladar al Instituto Nacional de Vías vengan acompañados de una visión a largo plazo que tenga en cuenta las características únicas del territorio, de las comunidades que lo habitan y lo transitan y los millares de señalamientos que ha hecho la gente en Chocó sobre la urgencia de conectar al Pacífico con el resto de Colombia de manera efectiva y segura.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS

 

América Colombia

Salir o no salir del gas: esa es la cuestión para Colombia

Ecopetrol ha advertido que, pese a que se trata de un combustible fósil y solo hay reservas probadas para siete años, lo usará como energía para la transición. Según expertos, para 2040 ya debería estar fuera de la matriz del país

Tubería de Gas Natural Foto de Archivo

MARÍA MÓNICA MONSALVE S.

Bogotá - 18 ENE 2024 - 23:30 COT

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El discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a repetirse en Davos. “Hemos decidido no contratar más exploraciones de petróleo, gas y carbón como una muestra de la necesidad que tenemos de descarbonizar nuestra economía”. Sus palabras, por lo menos en términos de cambio climático, son una buena señal política, pero llevarlas a la práctica implicará retos enormes no solo para este Gobierno, sino, por lo menos, para las próximas cuatro presidencias del país. Y aunque el camino que deberá recorrer cada uno de estos combustibles fósiles en los próximos años es desafiante, el caso del gas podría ser de los más inquietantes. Quizá, el que más matices tiene.

Actualmente, el gas natural le da energía a alrededor de 11 millones de familias, mueve a 670.000 vehículos y permite que 145.000 comercios puedan desarrollar su actividad, solo por citar algunos casos. Además, y a pesar de que su presencia en la matriz primaria ha ido disminuyendo – ha pasado de representar el 28% al 16% entre 2000 y 2021, según datos reportados por un informe del Natural Resource Governance Institute (NGRI) -, la seguridad energética del país sigue siendo altamente dependiente del gas. El problema es que desde el año 2022 se estimó que las reservas probadas que existen de gas natural en el país, solo alcanzarían para 7,2 años más, el menor nivel alcanzado en los últimos diez años.

Pese a esta posible escasez de gas, el Gobierno ha reiterado que usará el gas como una energía transición. Algo así como decir que es un escalón por el que se necesita pasar, mientras las energías renovables basadas en el sol y en el viento se hacen más potentes y confiables. Se trata de una narrativa que no solo ha crecido en Colombia. ¿La razón? El gas, a pesar de generar metano – que es hasta 80 veces más potente que el CO2 a la hora de calentar la atmósfera -, emite entre un 50% y 60% menos de CO2 que el carbón. Por eso, si se compara con el petróleo y el carbón, puede considerarse una energía más limpia.

Cuando se juntan ambos discursos – la intención de dejar atrás el gas eventualmente, pero usarlo como parte de la transición hacía las renovables – surgen más preguntas. ¿Cuáles son los sectores que dejarán de usar primero el gas? ¿Para cuándo debe salir de la matriz energética? ¿Si solo hay gas para 7,2 años más, vale la pena seguir apostándole?

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, prefiere no dar fechas sobre su salida. “La demanda va a ser la que diga cuándo empezará a decaer el uso de este recurso”, comenta en entrevista con América Futura. Mientras, expertos como Giovanni Pabón, director del área de Energía en el centro de pensamiento Transforma, comentan que los análisis apuntan a que, para 2040, el gas ya debería salir. Esto, teniendo en cuenta que el país tiene compromisos climáticos como reducir sus emisiones en 51% para 2030 y ser carbono neutral a 2050. “Dejar el gas va a ser doloroso y largo, pero hay que hacerlo, también, porque es un combustible que cada vez tendrá precios más altos”, agrega.

La baraja de opciones del gas

Haciendo matemáticas ligeras, Colombia tendría gas asegurado hasta, más o menos, 2029. Y si un buen estimado es que el combustible tendría que salir de la matriz para el 2040, por lo menos habría que asegurar más gas natural para unos diez años, esto teniendo en cuenta que la misión que tiene el Gobierno es que se haga sin explorar más contratos de los que existen al día de hoy. Para lograrlo, existe una baraja de opciones.

Una sobre las que primero habla Roa es la de materializar la explotación del gas que está costa afuera. “En la medida que podamos madurar y desarrollar los recursos off shore, esperamos que podamos suplir rápidamente este nivel de reservas”, comenta. Sus cálculos apuntan a que, si determina que sí se puede y es financieramente recomendable explotar ese gas costa afuera, el combustible ya se podría utilizar “por temprano para el 2027 y, por tarde, para principios de 2029″. “Estamos hablando de 2,5 terapies cúbicos adicionales o, por mucho, entre 10 y 12,5 terapies cúbicos”. Gas que, señala, podría duplicar las reservas, en el primer caso, y hasta multiplicarlas por cuatro o por cinco en el segundo caso.

Pese a su optimismo frente al tema, hay reportes que han encontrado dudas sobre esta opción. El año pasado, el International Institute for Suistainable Develepment (IISD) publicó un informe que, con base en un análisis del grupo Rystad, decía que dos de los grandes proyectos que se esperan explotar costa afuera, los yacimientos de Gorgon y Uchuva, solo lograrían darle gas al sistema hasta 2035, “alcanzando su máximo alrededor de 2037-2038″. Algunas de las conclusiones de las que habla el documento de IISD son que el desarrollo de estos yacimientos es muy incierto e implica altos riesgos económicos, que “estas inversiones se consideran económicamente no comerciales” y que “la venta de este gas en el mercado interno colombiano probablemente requeriría que el gas se vendiera a un precio más elevado que el esperado por los consumidores, por lo que el Gobierno colombiano podría verse obligado a pagar importantes subvenciones al fin de mantener un precio aceptable”.

Sin embargo, un análisis más reciente de Rystad, publicado en diciembre de 2023, va por otra vía. Señala que el desarrollo de Gorgon y Uchuva generaría un gas que sería competitivo en términos económicos. “En términos de seguridad del suministro, competencia de precios y oportunidades para la industria nacional, el desarrollo de estos activos en alta mar debería ser una prioridad para Colombia”.

La otra opción – que podría ser una mezcla con la anterior – es importar más gas. ¿De dónde? Roa repite la idea que se ha hecho pública de traerlo desde Venezuela. “Existe un vehículo jurídico desde 2007 por el cual ya Colombia le suministró combustible a Venezuela y ahora podemos usarlo para que Venezuela [a través de PDVSA] nos supla de gas, ya que tiene vigencia hasta 2027″, comenta. “Estamos evaluando la integralidad y la condición física del gasoducto para poderlo adecuar”. ¿Cuánto costaría? Aún no se sabe. Y hasta el momento, tampoco es que haya algo definido.

Finalmente, otra de las opciones en la baraja es crear una segunda infraestructura de importación, además de la que ya existe en el Caribe colombiano. Se trataría de una regasificadora en la costa del Pacífico, una idea con la que vienen coqueteando varios Gobiernos desde el 2017, pero que ha tenido varios detractores. “Algunos analistas consideran que [la regasificadora] plantea riesgos de tipo ambiental y de ubicación geográfica sobre territorios protegidos, que existen potenciales amenazas sísmicas y un canal poco profundo para que ingresen las embarcaciones o que no es conveniente la importación por el elevado precio internacional del gas”, señala el informe de NRGI. En las últimas licitaciones para asignar su construcción, la convocatoria se ha declarado desierta.

No incentivar la demanda de gas

Sobre el gas en Colombia, hay dilemas e incertidumbres. Pero hay una cosa que parece ser clara: se debería evitar incentivar aún más la demanda de gas, pues es una que, según Ecopetrol, se ha mantenido estable durante los últimos diez años. “Es importante que lo que se impulse realmente son las renovables, como la oportunidad de electrificar el sector transporte y el residencial. Desde ya, todas las construcciones nuevas deberían tener estufas eléctricas y no de gas”, asegura Juliana Peña, oficial senior para América Latina de NRGI. “Paralelo a esto, también hay que dejar de aumentar las termoeléctricas a base de gas, y así la demanda disminuirá”.

Pero la historia no habla necesariamente bien sobre esto. Pabón, por ejemplo, recuerda que en 2021 el Congreso aprobó la ley 2028 que obliga a las ciudades con sistemas de transporte masivo a que, por lo menos, el 30% de su flota operare con motores de gas, cuando lo que se debería incentivar es que fueran eléctricos. “Hay que evitar que se repitan estos escenarios a toda costa. Hay que dejar de incentivar el uso del gas porque, a futuro, será un error tremendo”.

Y es que, por ahora, sobre el gas, parece que nada está acordado. Hay incertidumbre sobre los planes, los costos y, por supuesto, hasta Colombia dependerá del gas. Lo cierto, como dice Peña, es que “hay que hacer un plan de salida del gas”, algo sobre lo que, puntualmente, el Gobierno no ha hablado.