¡POR LA DEFENSA Y PERMANENCIA EN NUESTROS BARRIOS Y TERRITORIOS!
¿EN DÓNDE ESTAMOS?
El actual Plan de Ordenamiento Territorial - 555, junto a decisiones de las
anteriores alcaldías, han profundizado un modelo de despojo en la ciudad a
través de proyectos de renovación urbana, actuaciones estratégicas,
destrucción del medio ambiente, aumento de violencias e inseguridad, entre
otras problemáticas. Siendo necesaria la organización popular por la defensa
de nuestros barrios y territorios; por ello, el 27 de abril de 2024, más de 100
personas provenientes de diferentes procesos, organizaciones y barrios, nos
dimos una cita en la Universidad Pedagógica Nacional.
Bogotá ha sido obligada y sometida a un modelo que prioriza los intereses del
mercado y el sector inmobiliario, despojándonos de nuestras viviendas, del
hábitat y el territorio mientras agudiza una crisis climática, económica y
ambiental. Fue así, como decidimos consolidar la Red por el Derecho a la
Ciudad y el Territorio, un escenario que articula diferentes sectores políticos e
individualidades que le apostamos día a día desde las localidades a
democratizar el territorio, una exigencia necesaria para alcanzar una vida
digna.
Queremos seguir avanzando en una apuesta de unidad que nos permita
reconocer las diferentes luchas que tenemos en nuestros territorios, siendo
desde los barrios desde donde fortaleceremos una apuesta Distrital capaz de
disputar un modelo de ciudad a favor de las luchas populares, porque nos
negamos a conformarnos con las decisiones que toman las administraciones sin
nosotras y nosotros, quienes habitamos la ciudad.
Fue así, como en nuestro II Encuentro Distrital, definimos las siguientes banderas
de lucha: vivienda digna; movilidad para todas y todas; lucha contra la
renovación urbana y actuaciones estratégicas; acceso integral al espacio
público y estructura ecológica principal, las cuales defenderemos en la acción
política y la movilización popular, porque es desde las calles que socializamos y
masificamos nuestras luchas, logrando incidir, discutir y definir las agendas de ciudad.
B. Lucha contra la Renovación Urbana y Actuaciones Estratégicas a favor del
mercado:
Bogotá es hoy, una de las ciudades con mayor número de hectáreas de
Renovación Urbana, ya sea desde planes parciales o actuaciones estratégicas.
Situación que permite hacer hincapié en las siguientes preguntas: ¿Para qué y
quiénes es la Renovación? ¿Toda la ciudad precisa de este tratamiento?,
teniendo como respuesta que este es un tratamiento que permite la liberación
del suelo urbano bien localizado, que, como se ha señalado en los tres
encuentros distritales de la Red, ha sido una exigencia del sector inmobiliario.
Frente a esta problemática, se propone indagar en la alternativa del
mejoramiento integral, antes que la de renovación, y buscar los mecanismos
para hacer eso posible, no profundizar en la idea de demoler para construir,
sino, construir sobre lo construido, protegiendo las viviendas y el patrimonio.
Hoy nos encontramos en una crisis climática y ambiental, y, este tratamiento
urbano tiene un impacto fuerte en temas de contaminación del medio
ambiente, queriendo pavimentar humedales y cerros, así como omitiendo los
impactos y producción de contaminación en los ejercicios de demolición, todo
ello en el marco de una crisis de aire y agua que atravesamos en Bogotá. Por
ello, es vital insistir en buscar alternativas que privilegien la conservación y el
mejoramiento integral, haciendo reuso de las edificaciones existentes.
Bogotá cuenta con gran parte de suelo urbano y rural, siendo clave reflexionar
en la relación ciudad y campo, integrando una visión que complemente estas
necesidades y no sobreponga una sobre la otra, pues se ha querido generar
segmentación en las diferentes localidades, queriendo homogeneizar el
territorio y la cultura urbana, sin un diálogo entre actores.
Sumado a ello, es primordial y necesario la exigencia de la participación
ciudadana vinculante en las decisiones urbanas, la apuesta política de la red
debe informar, exigir y movilizar el conjunto de la sociedad, siendo desde allí
que lograremos los cambios necesarios para la transformación. Por tanto, es
necesario encontrar la diferencia entre legitimar y participar, revisando los
procesos de “participación” cuando son procesos de información que pretende
legitimar decisiones sin nosotras y nosotros. Es preciso revisar decretos y
reglamentación para ver qué acciones ir teniendo desde este diagnóstico.
Finalmente, el gobierno nacional debe dar línea y plantear acciones concretas
en la política urbana, además, es clave hacer vínculos estratégicos en nuestros
territorios con JAC pero también mapear e identificar veedurías o procesos
sociales que están enfrentando procesos de resistencia a dinámicas de
renovación urbana, siendo cada vez más territorios en la Red.
C. Acceso integral al Espacio público:
Desde la Red por el Derecho a la Ciudad entendemos el espacio público como
un bien común de la sociedad y el derecho a su disfrute como una condición
fundamental para la vida digna en las ciudades. Reconocemos que este es un
escenario en permanente disputa y el lugar del conflicto, ambas condiciones
que nos movilizan a la defensa permanente e irrenunciable del espacio público
como lugar de la manifestación, la protesta y la exigencia de la ciudadanía en
su diversidad.
En este sentido, consideramos que la planeación, diseño, gestión y
mantenimiento del espacio público debe responder a la sociedad en su
diversidad, sus necesidades y reclamos. El espacio público, entonces, debe ser
el lugar de libre expresión para las distintas identidades de género,
orientaciones sexuales, cuerpos diversos, grupos etarios, etnias, clases,
nacionalidades, y demás condiciones sociales y culturales, garantizando
espacios dignos y libres de opresiones, dominaciones o discriminaciones.
El espacio público debe ser un lugar seguro para todas las personas y para
todas las formas de vida, sin que los intereses económicos de ciertos sectores
económicos legales o ilegales sigan imponiéndose a través de la violencia o de
la instrumentalización del estado y su fuerza coercitiva. Rechazamos la histórica
estrategia de criminalización, securitización y estigmatización del espacio
público que han promovido las élites urbanas como mecanismo de despojo y
segregación socioespacial.
Para lograrlo, creemos en la firme convicción que es solo a través de una
participación incidente, que supere la visión normativa, la forma en la que la
gente puede definir la planeación de la ciudad y del espacio público en
particular. Defendemos el derecho a la ciudad bajo la certeza que solo
garantizando nuestro derecho a incidir y definir la transformación de la ciudad
es como podremos lograr espacios públicos dignos para todos, todas y todes.
Así mismo, creemos que la defensa de un espacio público como un bien común
es la defensa de la ciudad donde lo público se impone a los esfuerzos
sistemáticos de privatización de la vida y de los espacios urbanos. Defendemos
el derecho a habitar el espacio público, el derecho de quienes trabajan en él
por necesidad y de las demás formas de manifestación de la vida que
dependen del espacio público para su realización. Por consiguiente,
consideramos urgente una política que dignifique el espacio público y que
permita condiciones adecuadas para habitarlo, garantías a procesos de
autogestión y demás experiencias comunitarias que cuidan su territorio.
D. Movilidad para todas y todos:
Proponemos cambiar el enfoque de los sistemas de movilidad urbana hacia una
propuesta de Movilidad para la vida. Creemos que debemos cambiar los
criterios que han movilizado las decisiones frente a cómo las personas pueden
desplazarse en la ciudad, priorizando las siguientes condiciones:
Una movilidad digna y de calidad que se organice en torno al peatón como
actor principal. En este sentido, defendemos un sistema de movilidad urbana
que mejore la experiencia de movilizarse en la ciudad, diversifique las
posibilidades de movilización y garantice certeza en los tiempos de traslado. En
esta línea consideramos necesario la priorización de la inversión para movilidad
de vías terciarias y medios alternativos de movilidad.
El sistema de movilidad debe promover relaciones ecosistémicas con el entorno
natural y el entorno construido, aprovechar lo que ya existe para ponerlo a
disposición de formas de movilidad amenas con la movilidad peatonal. En este
sentido, rechazamos la instrumentalización de las obras civiles para la movilidad
que promueven o detonan procesos de renovación urbana que desprecian la
ciudad existente y prescinden de las comunidades que han construido
históricamente sus barrios.
Reconocemos que para lograrlo es necesario recuperar la legitimidad de los
sistemas de transporte, en tanto tal y como han sido impuestos los proyectos de
movilidad han rechazado el conocimiento de la población, frente a la
predilección de un conocimiento “técnico”, y reducido la participación de la
gente como simples asistentes a eventos de información, sin considerar a la
gente realmente en la planeación, diseño y gestión de dichos proyectos. Así
mismo, esta búsqueda de legitimidad se extiende a proyectos, programas y
estrategias como el parqueo en vía que lejos de integrar a la comunidad en la
definición de su enfoque, terminan convirtiéndose en mecanismos de
privatización del espacio público y del servicio de transporte en la ciudad
Finalmente, consideramos que debemos garantizar una movilidad sostenible
pero no necesariamente rentable. Por lo cual, es indispensable discutir sobre los
costos, la gratuidad y los efectos de la planeación de los sistemas de movilidad
en la ciudad. La información debe ser pública y transparente para que no se
vuelva propiedad intelectual al servicio de la especulación en la planificación
de sistemas de movilidad.
E. Estructura ecológica Principal:
Es necesario poder nombrar desde los procesos de base las realidades
territoriales, enunciando de distintas formas el ambiente. Además, es necesario
identificar luchas comunes como: la gentrificación que impacta negativamente,
la pelea por una Reforma Urbana por el Derecho a la Ciudad, el papel de lo
regional, lo local y lo nacional. Debemos crear espacios de formación para
entender la relación ecosistémica y en su complejidad y cómo se relaciona en
distintos puntos de la ciudad.
Es necesario no fraccionar las estructuras ecológicas, identificando dimensiones
más allá de los recreacional, como las implicaciones de afectar las zonas
verdes, debemos repensar el cierre de la frontera urbana, la mercantilización
del medio ambiente, la participación y la condición de escenarios que
configuran un biopoder; y agendas comunes de largo plazo más allá de los
periodos administrativos y electorales.
Cómo no solo los cerros orientales tienen que ver con lo ecológico y con el
medio ambiente sino todas las prácticas urbanas y cómo afecta los temas de
salud mental, identificando la dimensión relacional, cuántas toneladas de
demolición estamos generando, de dónde se traen los materiales, cómo
cambian las condiciones de la tierra, cómo afecta las vidas.