Por: Prensa en Movimiento
Bogotá, Colombia – La arena política colombiana se caldea en torno a la Reforma Laboral y la polémica generada por el Decreto 0639 de 2025, conocido popularmente como el "decretazo". Este instrumento, expedido por el presidente Gustavo Petro, convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre la propuesta de reforma. Sin embargo, lo que inicialmente se perfilaba como una discusión jurídica sobre la constitucionalidad del decreto, ha trascendido a un debate de índole política, según el propio mandatario.
La controversia se intensificó tras la decisión de la Sección V del Consejo de Estado, que dictó medidas cautelares contra el Decreto 0639, ordenando la suspensión de sus términos mientras el tribunal analiza una decisión de fondo. La corte argumentó que el decreto, "al menos en esta etapa inicial, fue expedido con desconocimiento de las normas que regulan el proceso". Esta medida cautelar ha sido un punto de inflexión en la pugna entre el Ejecutivo y algunos sectores del Legislativo.
Congresistas de oposición no tardaron en reaccionar, interponiendo una demanda contra la norma y acusando al Jefe de Estado de extralimitarse en sus funciones y desconocer el principio de separación de poderes. Algunos, incluso, sugirieron al presidente que "cambie de asesores jurídicos" ante la decisión del tribunal contencioso. Este cruce de acusaciones refleja la tensión que ha caracterizado la tramitación de la Reforma Laboral desde su génesis.
El presidente Petro, utilizando su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), respondió a estas críticas con contundencia. "Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente el decreto, que entregué fue a la Corte Constitucional", escribió el mandatario. Con estas palabras, Petro buscó restar validez a la decisión del Consejo de Estado en cuanto a la inconstitucionalidad de su decreto, reiterando que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional en ese ámbito.
Más allá de la esfera jurídica, el presidente Petro enfatizó que la discusión ha evolucionado a un plano político. "Pero ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final", sentenció. Este pronunciamiento subraya la presión que el Ejecutivo ejerce sobre el Legislativo para que cumpla con la conciliación de la Reforma Laboral, un proyecto que, según el presidente, busca restituir derechos a millones de trabajadores en Colombia y que ya fue aprobado en cuarto debate por la plenaria del Senado.
El mandatario instó directamente a la mesa directiva del Senado a "cumplir su palabra" en lo referente a la conciliación del proyecto de ley. Advirtió que la suspensión del decreto podría usarse para "detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia". En un tono enérgico, Petro afirmó que el compromiso ya no es solo con él como presidente, sino "ante el pueblo", el "poder soberano" que, según sus palabras, "tendrá la última palabra".
De hecho, la Casa de Nariño fue escenario de un Consejo de Ministros el pasado martes, donde el propio presidente Petro anunció una condición clave: si se logra la conciliación de la Reforma Laboral antes del cierre de la legislatura, previsto para el 20 de junio, suspenderá el Decreto 0639 de 2025. Esta declaración evidencia la voluntad del Gobierno de priorizar el trámite legislativo sobre la vía de la consulta popular, siempre y cuando se avance en la aprobación de la reforma.
En sintonía con el presidente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ratificó que la discusión actual es de naturaleza política, más que jurídica. "Lo único que preocupa ahora es lo político: que Efraín Cepeda (presidente del Senado) nombre los conciliadores (de la reforma laboral) y que se apruebe en gran medida en la conciliación el texto del Senado; ahí es donde está el meollo del asunto", explicó Benedetti desde la Casa de Nariño. El ministro también desestimó la postura del Consejo de Estado sobre la necesidad de un concepto previo para la consulta, aludiendo a un pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional que, según él, indica lo contrario.
La situación es clara: el Gobierno del Cambio busca que el Congreso honre su compromiso con la Reforma Laboral. La pelota está ahora en el tejado del Legislativo, que tiene hasta el 20 de junio para conciliar el texto. Si la conciliación se materializa y la reforma avanza, la polémica consulta popular podría quedar sin efecto, priorizando así el camino parlamentario para la materialización de lo que el gobierno considera una reivindicación histórica de los derechos laborales en Colombia.
Fuentes:
- Declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X (18 de junio de 2025).
- Decisión de la Sección V del Consejo de Estado sobre las medidas cautelares contra el Decreto 0639 de 2025.
- Declaraciones de congresistas de oposición.
- Información del Ministerio del Interior.
- Pronunciamientos del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 17 de junio de 2025.
- Declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti.