¡Hagámosle al espejo retrovisor!
La semana pasada quisieron comerse vivo al expresidente Uribe cuando se conoció que su gobierno le entregó copia de los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres. Sus malquerientes, sin embargo, le bajaron la temperatura al tema apenas se enteraron de que en esa diligencia también estuvieron el hoy presidente Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, y el ex viceministro Sergio Jaramillo. Gracias a publicaciones como la de la mencionada institución británica es que el país y el mundo han ido conociendo los nombres de un poco de sinvergüenzas que simpatizan y cohonestan con las Farc. Aunque las investigaciones judiciales por los hechos a los que se refiere el famoso computador no pelechan, es bueno que, al menos, los ciudadanos sepan quién es quién en esos discos duros.
Y mientras algunas figuras buscan echar tierrita encima al caso Reyes, otras tratan, en simultánea, de atacar la Ley 975 de Justicia y Paz, y la política de desmovilizaciones del anterior gobierno. La mezquindad, virus floreciente en el país del Sagrado Corazón, les impide reconocer que es gracias a esa Ley que el país y el mundo han podido atajar y conocer los horrores y abusos de estas bandas de psicópatas y narcotraficantes.
Hace poco leí en El Nuevo Herald un impactante artículo de la agencia de noticias estadounidense AP que relataba cómo, hacia el año 2000, los paramilitares de Norte de Santander, encartados con tantos cadáveres, se inventaron una especie de hornos crematorios en los que incineraron los cuerpos sin vida de entre 100 y 150 personas:
“Los cuerpos se enterraban y a los seis meses se sacaban los restos y se incineraban. No los echábamos vivos (a los hornos)”, explicó en la Fiscalía, según el mencionado artículo, un “querubín” llamado Armando Rafael Mejía, un exparamilitar del corregimiento nortesantandereano de Juan Frío que recibía órdenes de Jorge Iván Laverde, personaje conocido con los alias de “El Iguano” y “Pedro Fronteras” y quien seguramente en breve figurará en el Libro Guinness por un récord bien particular: fue el autor material o intelectual de más de 2.000 homicidios.
Sin la Ley de Justicia y Paz estos hechos de barbarie en Norte de Santander nunca se hubieran conocido. Como tampoco se hubiera sabido que los paramilitares asesinaban menores de edad, violaban mujeres y les tiraban a sus víctimas a las más temidas fieras. Eso sin contar con los actos de corrupción en los que participaron, como el saqueo al sector de la salud en zonas como la Costa Atlántica. Todo esto se supo, insisto, gracias a la Ley de Justicia y Paz y a la desmovilización de los paramilitares.
Recuerdo que cuando la Fiscalía empezó a escuchar las declaraciones de los paramilitares se calculaba que sus víctimas mortales podrían llegar a 10.000. Atérrense: la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía tiene cifras que hablan de unos 40.000 desaparecidos y de más 150.000 personas asesinadas por los paramilitares entre 1980 y 2004.
De esas cifras, desde luego, hacen parte todas las víctimas que hubo durante uno de los cuatrienios más tristes y dramáticos de Colombia en toda su historia. Me refiero, obviamente, al gobierno que va de 1998 a 2002, que mientras buscaba el Nobel de Paz con base en un descarado proceso de negociación con las Farc, descuidaba la seguridad nacional y generaba un ambiente en el que delincuentes de toda pelambre hicieron lo que les dio la gana desde Riohacha hasta Leticia.
El espejo retrovisor no es tan malo. Vale la pena recordar que durante ese período los paramilitares perpetraron, entre otras, las siguientes masacres: Yarumal (Antioquia), enero de 2000, 19 muertos; El Salado (Bolívar), febrero de 2000, más de cien personas asesinadas, según la Fiscalía; Macayepo (Bolívar), octubre de 2000, 15 campesinos asesinados y más de 200 familias desplazadas; Nueva Venecia (Magdalena), noviembre de 2000, 39 víctimas, y Chengue (Sucre), febrero de 2001, 27 personas asesinadas con garrotes y piedras.
Pero y así y todo, con semejantes antecedentes, algunos de los miembros del “equipo pacificador” de aquel entonces hacen negocios, dictan conferencias sobre temas de guerra y paz y hasta se creen todavía con la autoridad para hacer política.
Con la Ley de Justicia y Paz y la consiguiente desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cesó en gran parte la barbarie paramilitar. De hecho, en los últimos años las terribles masacres de otras épocas prácticamente desaparecieron en el país. Hoy, si bien seguimos siendo un país violento, la tasa homicidios como consecuencia de los actos de los grupos armados al margen de la ley ha descendido considerablemente. Hagamos memoria.
*Artículo especial para el portal Kien & Ke
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